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miércoles, 19 de noviembre de 2008

Los Verdes dicen que CC y PP pretenden en Cho Vito lo mismo que en Las Teresitas

 

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han criticado la posición de CC y PP durante el pleno celebrado este martes en Candelaria para abordar la situación de Cho Vito. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, señala que "el plano de la propuesta de deslinde de 1968 mostrado durante la sesión por la oposición, anterior al aprobado en 1969, es equivalente a la propuesta de deslinde de Las Teresitas de 2001 defendida por el ayuntamiento de Santa Cruz: en ambos casos se defiende recortar suelo del dominio público marítimo-terrestre para intentar legalizar su enajenación y uso privado". Para Hernández, "la postura de CC y PP en el pleno es de todo punto inaceptable, porque de ser admitida sentaría un precedente para la ocupación en todo el litoral canario, con la consecuencia de la especulación a través de compraventa de bienes de dominio público que según el artículo 7 de la Ley de Costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo mismo en Cho Vito que en Las Teresitas o donde sea". Los Verdes-Grupo Verde remitieron al grupo de gobierno del PSOE en el ayuntamiento el pasado 14 de octubre una nota de respaldo a "las gestiones realizadas desde el ayuntamiento para intentar resolver la ecuación imposible de la recuperación para uso público de la playa de Cho Vito y la preservación de intereses privados que la ocupaban sin posibilidad de respaldo legal". En dicha carta, Los Verdes señalaban que "la ocupación del dominio público en Cho Vito trae causa de la nula gestión urbanística de las fuerzas políticas de derecha post-franquista en Candelaria, cuya desastrosa herencia para este municipio deben asumir como propia tanto el Partido Popular como Coalición Canaria".

 

Valor etnográfico

 

Octavio Hernández considera que la moción aprobada "insiste en otorgar un interés público con un fin ajeno y contrario al auténtico interés público, que es la recuperación del dominio marítimo-terrestre de una ocupación fruto de una permisividad e inacción que algunos ahora quieren convertir en norma de curso legal". En este sentido, el portavoz verde restó valor al informe emitido por el profesor Fernando Estévez para acreditar el valor etnográfico de Cho Vito, citado nuevamente este martes en la sesión plenaria. Octavio Hernández señaló que "ya es hora de que alguien diga la verdad sobre este documento, que fue un artículo de opinión poco serio, no respaldado ni acreditado por la Universidad de La Laguna, sin valor alguno como informe pericial, deliberadamente ambiguo y carente de datos objetivables, en base al cual ninguna administración podía atribuir valor etnográfico a unas viviendas construidas irregularmente, casi todas, a partir de 1973, como demuestran de manera incuestionable las ortofotos". Hernández recuerda que "la ley de la selva es que en la selva no hay ley" y señala que "hay personas y organizaciones de izquierdas que están dando un espectáculo bochornoso de contradicción al ir de la mano de CC y PP en Candelaria para defender en Cho Vito lo mismo por lo que condenan a CC y PP en Las Teresitas, armando un escándalo en Cho Vito por lo mismo que callan cuando, por ejemplo, la APMUN procede a demoler viviendas que ocupan suelo rústico, cientos, miles de casos".

 

Viviendas para los afectados

 

Los Verdes-Grupo Verde defienden que los afectados por los derribos de Cho Vito "que reúnan los requisitos previos los informes sociales y económicos pertinentes, reciban de manera preferente Viviendas de Protección Oficial en la localidad, si es posible cerca de la playa que antes ocupaban". Octavio Hernández considera que "todos los esfuerzos de las administraciones y la unanimidad del pleno del ayuntamiento de Candelaria, tendrían que ir dirigidos a este objetivo, en lugar de seguir tentando la suerte de la prevaricación".

martes, 18 de noviembre de 2008

Los Verdes piden a la nueva Ejecutiva del PSOE que aborde las “responsabilidades políticas por Varadero”


A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han pedido a la nueva Ejecutiva "surgida del XI Congreso del PSOE o del próximo Congreso insular que depure responsabilidades políticas a la vista de las últimas informaciones sobre la actuación administrativa del Gobierno y del Cabildo en el expediente del plan parcial El Varadero, en relación con la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación atribuido a la gestión del anterior grupo de gobierno del PSOE en El Rosario". El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, recuerda que la consejera insular Ana Lupe Mora, compañera de Santiago Pérez en el Cabildo de Tenerife, es una de las personas denunciadas por la Fiscalía en su condición de concejala de urbanismo la pasada legislatura. Hernández considera que "los datos e informaciones publicados, contrastados con documentos oficiales, demuestran una connivencia escandalosa entre el equipo del PSOE en el ayuntamiento de El Rosario, con su alcalde Macario Benítez como cabeza visible, y el aparato burocrático y político de ATI en la administración autonómica e insular". El portavoz verde recuerda las palabras del Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el 23 de octubre de 2006: "A todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de su función, les exigiremos inmediatamente que abandonen su cargo", especialmente en los casos de irregularidades urbanísticas. Los Verdes-Grupo Verde aplaudieron en noviembre de 2007 la iniciativa del PSOE de Tegueste de remitir a la Fiscalía el expediente administrativo del plan parcial El Codezal. Octavio Hernández estableció públicamente en septiembre de 2007 que existen "concomitancias y coincidencias en el modus operandi y el procedimiento de aprobación por silencio administrativo positivo en la actuación de promotores, asesores y grupos de gobierno en los planes parciales de El Varadero (El Rosario), El Codezal (Tegueste) y Hacienda Santa Lucía (Puntallana) y en la evasión del control de la COTMAC para evitar su anulación". Hernández ha valorado muy positivamente que "todos estos casos estén hoy camino de la oportuna fiscalización para que los tribunales fallen sobre su legalidad y sobre las actuaciones de los responsables públicos".