Los Verdes apoyan el recorte de vuelos de los touroperadores

 
Consideran que la medida convierte la Ley de Medidas Urgentes en "el último canto del cisne desarrollista"
 
A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han manifestado su apoyo al recorte del 15 por ciento del número de vuelos turísticos anunciado por los touroperadores TUI y Thomas Cook, que podría alcanzar el 25 por ciento en marzo de 2009. El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que "limitar los vuelos no es una medida temporal, sino la constatación de una tendencia y una nueva estrategia, ya que el mercado evoluciona hacia el turismo de cercanías, esencialmente continental, y los destinos a islas y archipiélagos deben reconvertirse en mercados de lujo que compitan con menos plazas y más calidad a un coste mayor para el visitante, o desaparecerán". Hernández indica que "en los próximos años, la entrada en funcionamiento del superjumbo Airbus A-380 de 850 pasajeros y de los nuevos combustibles como el GTL, podría amortiguar esta tendencia, pero pasará una década antes de la generalización de estas innovaciones y de la renovación de la flota actual, por lo que el ajuste de la planta hotelera y extrahotelera es inevitable". El portavoz verde detalla que "la limitación de entradas por aeropuerto ha sido estudiada en algunos destinos turísticos como método para regular la capacidad de carga del territorio, equivalente de nuestra moratoria, como en las islas Hawai". En este sentido, señala Hernández, "el recorte anunciado por los touroperadores socava de manera radical la justificación política de la Ley de Medidas Urgentes que prepara el gobierno canario, ya que el paisaje rústico es un factor insustituible de calidad turística en nuestras islas y esa Ley es pan para hoy y hambre para mañana, porque pretende que aceptemos sacrificios ambientales para continuar con el modelo obsoleto de turismo de masas, una estrategia suicida, por insostenible, para Canarias, que los principales operadores europeos están diciendo con claridad que no respaldan". Los Verdes consideran que el gobierno de Paulino Rivero "como ha demostrado en el Parlamento con el desprecio de CC y PP a la Iniciativa Legislativa Popular de Ben Magec, actúa al dictado de quienes quieren seguir de espaldas al futuro dando facilidades legales para que sigan instalados en el consumo de suelo y el despilfarro alocado de recursos naturales, con un modelo de ocupación de bajo coste para el turista y elevada carga para el territorio". Pero los recortes anunciados por Thomas Cook y TUI "son una sentencia para el Sur de algunas islas y un advertencia para La Palma", según Octavio Hernández, "porque demuestran que esas dos variables de costes y cargas se han vuelto incompatibles de manera irreversible: la Ley Berriel se nos presenta como el último canto del cisne desarrollista, mientras la isla de El Hierro nos muestra el camino a seguir".

Los Verdes consideran que la red de aguas debe pasar a propiedad y gestión pública

Critican que el Consejo Insular de Aguas no llegue a esta conclusión.

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han criticado el informe del Consejo Insular de Aguas sobre "Esquema provisional de temas importantes de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife", actualmente en información pública, "porque los alarmantes datos que aporta demuestran que la red de aguas no puede continuar al arbitrio de la propiedad privada, pero para el Consejo la propiedad y la gestión públicas no parecen ser un tema importante entre las alternativas a la alarmante situación que dibuja". El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que "el plazo de 75 años de concesión que estableció el artículo 78 de la vigente Ley 12/1990 de Aguas de Canarias y las disposiciones que blindaron los aprovechamientos privados preexistentes tienen que revisarse inmediatamente, pues de lo contrario condenarán a la sed y la carestía a los tinerfeños". Según Hernández, el informe del Consejo "demuestra de manera incontrovertible que el sistema privado de concesión reconocido en el Título V de la Ley de Aguas es el principal factor de ineficiencia y hace años que es incompatible con el carácter público del recurso y con su gestión sostenible". El portavoz verde detalla que "la propia Ley habilita al Consejo Insular a determinar los plazos de concesión en función de las previsiones del planeamiento hidrológico, por lo que no puede eludir su propia responsabilidad al respecto". Los Verdes consideran que "mientras la Ley habla de la disponibilidad para el propietario privado del "caudal sobrante", resulta que el informe demuestra que ya no existen caudales sobrantes y el agua ha dejado de ser un recurso renovable en Tenerife, porque está saliendo del acuífero el doble de agua que entra y la demanda ha sobrepasado sobradamente el límite de recarga y, de continuar en manos privadas, nos encamina al agotamiento irreversible de las fuentes naturales y tradicionales". Octavio Hernández señala que "en casos tan desesperados como el que muestra el informe, ninguna administración que realmente velara por el interés general dudaría en expropiar las concesiones para gestionarlas como patrimonio público, pues no hay inversión pública en tecnología de potabilización y desalación que pueda compensar las pérdidas que ocasiona la gestión privada en el acuífero". Hernández señala que "las alternativas planteadas serán políticamente falsas y económicamente inasumibles para las administraciones y para los consumidores, si se diseñan dando por sentado que no se va a cuestionar el negocio lucrativo privado de los aguatenientes". Por el contrario, Los Verdes consideran que "con los datos expuestos por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, se tiene que partir de que la continuidad de la propiedad privada de la red hidráulica es inviable y se debe proceder cuanto antes a la modificación de la Ley de Aguas, pues las concesiones privadas que contempla impiden gestionar de manera eficiente, planificada y general un recurso vital de valor estratégico que ya ha dejado de ser sostenible y renovable, debido precisamente a un sistema de propiedad totalmente obsoleto en las condiciones de consumo actuales".

Los Verdes dicen que CC y PP pretenden en Cho Vito lo mismo que en Las Teresitas

 

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han criticado la posición de CC y PP durante el pleno celebrado este martes en Candelaria para abordar la situación de Cho Vito. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, señala que "el plano de la propuesta de deslinde de 1968 mostrado durante la sesión por la oposición, anterior al aprobado en 1969, es equivalente a la propuesta de deslinde de Las Teresitas de 2001 defendida por el ayuntamiento de Santa Cruz: en ambos casos se defiende recortar suelo del dominio público marítimo-terrestre para intentar legalizar su enajenación y uso privado". Para Hernández, "la postura de CC y PP en el pleno es de todo punto inaceptable, porque de ser admitida sentaría un precedente para la ocupación en todo el litoral canario, con la consecuencia de la especulación a través de compraventa de bienes de dominio público que según el artículo 7 de la Ley de Costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo mismo en Cho Vito que en Las Teresitas o donde sea". Los Verdes-Grupo Verde remitieron al grupo de gobierno del PSOE en el ayuntamiento el pasado 14 de octubre una nota de respaldo a "las gestiones realizadas desde el ayuntamiento para intentar resolver la ecuación imposible de la recuperación para uso público de la playa de Cho Vito y la preservación de intereses privados que la ocupaban sin posibilidad de respaldo legal". En dicha carta, Los Verdes señalaban que "la ocupación del dominio público en Cho Vito trae causa de la nula gestión urbanística de las fuerzas políticas de derecha post-franquista en Candelaria, cuya desastrosa herencia para este municipio deben asumir como propia tanto el Partido Popular como Coalición Canaria".

 

Valor etnográfico

 

Octavio Hernández considera que la moción aprobada "insiste en otorgar un interés público con un fin ajeno y contrario al auténtico interés público, que es la recuperación del dominio marítimo-terrestre de una ocupación fruto de una permisividad e inacción que algunos ahora quieren convertir en norma de curso legal". En este sentido, el portavoz verde restó valor al informe emitido por el profesor Fernando Estévez para acreditar el valor etnográfico de Cho Vito, citado nuevamente este martes en la sesión plenaria. Octavio Hernández señaló que "ya es hora de que alguien diga la verdad sobre este documento, que fue un artículo de opinión poco serio, no respaldado ni acreditado por la Universidad de La Laguna, sin valor alguno como informe pericial, deliberadamente ambiguo y carente de datos objetivables, en base al cual ninguna administración podía atribuir valor etnográfico a unas viviendas construidas irregularmente, casi todas, a partir de 1973, como demuestran de manera incuestionable las ortofotos". Hernández recuerda que "la ley de la selva es que en la selva no hay ley" y señala que "hay personas y organizaciones de izquierdas que están dando un espectáculo bochornoso de contradicción al ir de la mano de CC y PP en Candelaria para defender en Cho Vito lo mismo por lo que condenan a CC y PP en Las Teresitas, armando un escándalo en Cho Vito por lo mismo que callan cuando, por ejemplo, la APMUN procede a demoler viviendas que ocupan suelo rústico, cientos, miles de casos".

 

Viviendas para los afectados

 

Los Verdes-Grupo Verde defienden que los afectados por los derribos de Cho Vito "que reúnan los requisitos previos los informes sociales y económicos pertinentes, reciban de manera preferente Viviendas de Protección Oficial en la localidad, si es posible cerca de la playa que antes ocupaban". Octavio Hernández considera que "todos los esfuerzos de las administraciones y la unanimidad del pleno del ayuntamiento de Candelaria, tendrían que ir dirigidos a este objetivo, en lugar de seguir tentando la suerte de la prevaricación".

Los Verdes piden a la nueva Ejecutiva del PSOE que aborde las “responsabilidades políticas por Varadero”

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han pedido a la nueva Ejecutiva "surgida del XI Congreso del PSOE o del próximo Congreso insular que depure responsabilidades políticas a la vista de las últimas informaciones sobre la actuación administrativa del Gobierno y del Cabildo en el expediente del plan parcial El Varadero, en relación con la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación atribuido a la gestión del anterior grupo de gobierno del PSOE en El Rosario". El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, recuerda que la consejera insular Ana Lupe Mora, compañera de Santiago Pérez en el Cabildo de Tenerife, es una de las personas denunciadas por la Fiscalía en su condición de concejala de urbanismo la pasada legislatura. Hernández considera que "los datos e informaciones publicados, contrastados con documentos oficiales, demuestran una connivencia escandalosa entre el equipo del PSOE en el ayuntamiento de El Rosario, con su alcalde Macario Benítez como cabeza visible, y el aparato burocrático y político de ATI en la administración autonómica e insular". El portavoz verde recuerda las palabras del Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el 23 de octubre de 2006: "A todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de su función, les exigiremos inmediatamente que abandonen su cargo", especialmente en los casos de irregularidades urbanísticas. Los Verdes-Grupo Verde aplaudieron en noviembre de 2007 la iniciativa del PSOE de Tegueste de remitir a la Fiscalía el expediente administrativo del plan parcial El Codezal. Octavio Hernández estableció públicamente en septiembre de 2007 que existen "concomitancias y coincidencias en el modus operandi y el procedimiento de aprobación por silencio administrativo positivo en la actuación de promotores, asesores y grupos de gobierno en los planes parciales de El Varadero (El Rosario), El Codezal (Tegueste) y Hacienda Santa Lucía (Puntallana) y en la evasión del control de la COTMAC para evitar su anulación". Hernández ha valorado muy positivamente que "todos estos casos estén hoy camino de la oportuna fiscalización para que los tribunales fallen sobre su legalidad y sobre las actuaciones de los responsables públicos".

Los Verdes sugieren a la FECAI y la FECAM que acudan al Estado en el conflicto por la financiación del REF

 

Consideran que el Ejecutivo autonómico es "manifiestamente incompetente"

 

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han "invitado a las 95 entidades locales canarias y sus órganos representativos, FECAM y FECAI, a acudir a la Delegación del Gobierno estatal e implicar a la Administración Central en el conflicto planteado por las denominadas devoluciones de las cantidades del REF adelantadas por la Comunidad Autónoma".

 

El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, recuerda que "en el sistema de atribución de competencias en lo que al conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas se refiere el Tribunal Constitucional ha confirmado que la competencia ha sido siempre y sigue siendo del Estado, y los órganos económico-administrativos autonómicos han estado conociendo de tales reclamaciones sin ser competentes para ello, hasta conducir a la nefasta situación actual".

 

Hernández señala que "el tremendo lío entre las deudas reconocidas y las no reconocidas entre administraciones locales y autonómica, que suma unos 3.000 millones de euros, ni se puede ni se debe resolver al margen de la participación estatal, que es la competente, ya que ni el IGIC ni el AIEM tienen la condición de impuestos cedidos ni propios de la Comunidad Autónoma, sino que son tributos de titularidad estatal".

 

El portavoz de Los Verdes de Tenerife indica que "la FECAM no se equivoca al estimar que las comisiones ad-hoc convocadas por José Manuel Soria son ilegales e inadecuadas, pero se queda corta, porque tampoco la Comisión de Administración Territorial, en cuanto a los fondos del REF, es el último órgano decisorio, sino que en realidad, esa facultad pertenece a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado". Octavio Hernández calificó de "interesadamente oscurantista" la postura defendida por el consejero José Manuel Soria, pues "está haciendo creer a Cabildos y ayuntamientos que la competencia sobre las reclamaciones son competencia autonómica, dejando al margen a la administración estatal, que es la verdaderamente competente, en tanto que la Comunidad Autónoma es solamente un órgano de gestión interpuesto que durante muchos años se ha atribuido competencias sobre los fondos locales del REF que no le correspondían".

 

El portavoz verde explica que "aunque la gestión la tiene atribuida la Comunidad Autónoma canaria, conforme al bloque de constitucionalidad, la competencia para conocer las reclamaciones económico-administrativas dirigidas contra los actos de gestión del citado tributo es única y exclusiva del Estado, y mientras esa competencia no haya sido transferida a la Comunidad por Ley Orgánica, la Comunidad Autónoma no puede arrogarse una competencia que no le corresponde, si no es incurriendo en un vicio de inconstitucionalidad".

 

Por esta razón, continúa Hernández, la Comisión de Administración Territorial creada por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y  desarrollada por el Decreto 193/1993, de 24 de junio, de regulación de la Comisión de Administración Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por Decreto 177/2006, de 5 de diciembre, "adolece de un defecto de origen, pues es anterior a la Ley de modificación del REF de 1991, al no dar participación en la Subcomisión de Política Fiscal y Financiera contemplada dentro de este órgano a la Delegación del Gobierno y la Hacienda Estatal".

 

Por ello, el portavoz de Los Verdes en Tenerife sugiere a la FECAM y la FECAI que acudan al Estado en el conflicto con la Comunidad Autónoma por la financiación del REF y aborden la situación con la participación de la Delegación del Gobierno, "pues hay base constitucional para una rebelión fiscal de las administraciones locales canarias contra la nefasta gestión autonómica de impuestos cuya titularidad estatal está siendo obviada y menoscabada".