Los Verdes consideran que la red de aguas debe pasar a propiedad y gestión pública

Critican que el Consejo Insular de Aguas no llegue a esta conclusión.

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han criticado el informe del Consejo Insular de Aguas sobre "Esquema provisional de temas importantes de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife", actualmente en información pública, "porque los alarmantes datos que aporta demuestran que la red de aguas no puede continuar al arbitrio de la propiedad privada, pero para el Consejo la propiedad y la gestión públicas no parecen ser un tema importante entre las alternativas a la alarmante situación que dibuja". El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que "el plazo de 75 años de concesión que estableció el artículo 78 de la vigente Ley 12/1990 de Aguas de Canarias y las disposiciones que blindaron los aprovechamientos privados preexistentes tienen que revisarse inmediatamente, pues de lo contrario condenarán a la sed y la carestía a los tinerfeños". Según Hernández, el informe del Consejo "demuestra de manera incontrovertible que el sistema privado de concesión reconocido en el Título V de la Ley de Aguas es el principal factor de ineficiencia y hace años que es incompatible con el carácter público del recurso y con su gestión sostenible". El portavoz verde detalla que "la propia Ley habilita al Consejo Insular a determinar los plazos de concesión en función de las previsiones del planeamiento hidrológico, por lo que no puede eludir su propia responsabilidad al respecto". Los Verdes consideran que "mientras la Ley habla de la disponibilidad para el propietario privado del "caudal sobrante", resulta que el informe demuestra que ya no existen caudales sobrantes y el agua ha dejado de ser un recurso renovable en Tenerife, porque está saliendo del acuífero el doble de agua que entra y la demanda ha sobrepasado sobradamente el límite de recarga y, de continuar en manos privadas, nos encamina al agotamiento irreversible de las fuentes naturales y tradicionales". Octavio Hernández señala que "en casos tan desesperados como el que muestra el informe, ninguna administración que realmente velara por el interés general dudaría en expropiar las concesiones para gestionarlas como patrimonio público, pues no hay inversión pública en tecnología de potabilización y desalación que pueda compensar las pérdidas que ocasiona la gestión privada en el acuífero". Hernández señala que "las alternativas planteadas serán políticamente falsas y económicamente inasumibles para las administraciones y para los consumidores, si se diseñan dando por sentado que no se va a cuestionar el negocio lucrativo privado de los aguatenientes". Por el contrario, Los Verdes consideran que "con los datos expuestos por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, se tiene que partir de que la continuidad de la propiedad privada de la red hidráulica es inviable y se debe proceder cuanto antes a la modificación de la Ley de Aguas, pues las concesiones privadas que contempla impiden gestionar de manera eficiente, planificada y general un recurso vital de valor estratégico que ya ha dejado de ser sostenible y renovable, debido precisamente a un sistema de propiedad totalmente obsoleto en las condiciones de consumo actuales".