A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han valorado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de emitir un auto por el que establece un plazo de unos días para responder a la petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción de suspender cautelarmente la descatalogación de los sebadales de Granadilla. El portavoz de Los Verdes de Tenerife, Octavio Hernández, señala que "el auto no concede de manera definitiva la paralización, sino asume la tutela de urgencia dando un plazo reducido para que el Gobierno de Canarias alegue en contrario y entonces decidirá sobre la petición que le ha sido formulada". Hernández señala que "si el Gobierno de Canarias no logra justificar su actuación ante el TSJC contra los argumentos de la Federación Ben Magec, eso podría tener efectos en cascada sobre varios proyectos, como el de la playa artificial de Punta Larga". Los Verdes han denunciado que Costas pretende extraer 362.000 metros cúbicos de arena de Granadilla para construir esta playa en Candelaria. Octavio Hernández considera que "el proceso de licitación para crear la playa durará unos seis meses, por lo que hay tiempo para que se resuelva ésta u otra paralización cautelar que pueda instarse en ese tiempo". Sin embargo, aclara, "la arena de la dársena del futuro e hipotético puerto tendría que ser dragada antes del vertido de áridos al mar, pues si no se hace previamente esos vertidos contaminarán la arena y la inutilizarán para la playa, además de destruir el sebadal". Por ello, Los Verdes consideran que "las obras de escombrado de la plataforma portuaria no podrían empezar antes de nueve meses, si contamos el plazo para la licitación y el dragado, a no ser que quieran poner un barrizal de grava en Punta Larga". Si la Autoridad Portuaria "fuerza los plazos para evitar la paralización del proyecto de abrigo, Candelaria se quedará sin arena para Punta Larga, y si Costas retrasa las obras para extraer la arena antes de los vertidos, el puerto podría ser paralizado y el sebadal protegido". Octavio Hernández concluye que "el infierno administrativo está servido si el TSJC admite la paralización cautelar, un infierno que algunos se han ganado a pulso por sus pretensiones insostenibles y torticera actuación".
No hay comentarios:
Publicar un comentario