Los Verdes piden a la Cámara que no utilice a los ecologistas para presionar a los tribunales

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2009

 

 

Emplazan a los empresarios a un debate público sobre las grandes infraestructuras

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han pedido a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife que "no utilice a los ecologistas para presionar a los tribunales" en respuesta al llamamiento realizado por el presidente cameral, Ignacio González, a la "responsabilidad" de todos los colectivos sociales y políticos que se oponen a la construcción del Puerto de Granadilla y a que "tomen conciencia de las graves repercusiones que puede tener para Canarias el mantenimiento de la suspensión de las obras" de esta infraestructura portuaria. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, recuerda al presidente de la Cámara que "tanto los empresarios como las administraciones deben velar por que sus iniciativas económicas y administrativas respeten escrupulosamente la legislación medioambiental, en un territorio donde nadie cuestiona que el medio ambiente es no sólo un valor estético, sino un valor económico capital". Según Hernández, "la falta de cultura empresarial sobre la contabilidad medioambiental y la ausencia de inteligencia y sensibilidad hacia la conveniencia de tener en cuenta la participación y opinión pública en la planificación, junto con la constante presión sobre las administraciones y, a veces, en connivencia con sus responsables, para orillar la legislación protectora del patrimonio natural, son los verdaderos motivos que conducen a la actual situación de freno a grandes proyectos públicos de infraestructuras". Por ello, Los Verdes consideran que la Cámara de Comercio "debe hacer autocrítica, revisar su conducta y la de sus asociados y pasar sin aspavientos la prueba de la fiscalización legal ejercida actualmente por el TSJC, pues la ley debe ser igual para todos". Octavio Hernández califica de "demagogia infumable" la argumentación de Ignacio González sobre los puestos de trabajo en relación con la paralización del puerto de Granadilla, pues "son los empresarios y no los ecologistas los que contratan y despiden trabajadores, y si se atribuyen las ganancias, también deben asumir su responsabilidad en las pérdidas". Según Hernández, el ritmo actual de destrucción de empleo "convierte en irrelevante la aportación que el puerto de Granadilla haría a la superación de la crisis y, aunque las obras comenzaran mañana, esta infraestructura no estaría operativa hasta dentro de dos años, de manera que su hipotética influencia multiplicadora en poco contribuiría a la superación de la crisis actual, que requiere de medidas inmediatas cuya ejecución no se cifre en el medio ni largo plazo". Por el contrario, indica el portavoz verde, "los fondos públicos destinados a la infraestructura serían mejor empleados en la remodelación de la planta alojativa turística y en actividades intensivas en empleo como la recuperación medioambiental, que también beneficia al turismo, pues uno de los factores principales de la actual crisis turística es la pérdida del valor añadido medioambiental del destino en Canarias debido al acelerado deterioro paisajístico de la última década, que los ecologistas hemos intentado impedir". Octavio Hernández recuerda que "los empresarios intentaron en su día que no se aprobaran las Directrices ni la Moratoria, y hoy tienen que admitir, con el Gobierno de Canarias, que sin esos instrumentos la economía de las islas hoy se encontraría en una situación mucho peor que la actual, y al ecologismo canario se le debe reconocer su cuota de mérito en haber articulado la movilización social permanente que condujo al gobierno a tomar esas medidas". Por último, Los Verdes emplazan a la Cámara a "organizar otro Foro empresarial en la institución ferial, pero con la participación de los colectivos sociales que tienen otra visión del modelo de desarrollo y de las infraestructuras, porque si algo ha quedado demostrado en estos años es que los costes de no tener en cuenta la opinión pública de los agentes activos en la defensa del medio ambiente y la legislación de protección de la naturaleza son mayores que los beneficios pretendidos al ignorarlos o subestimarlos".

Los Verdes proponen a los empleados públicos de Canarias un 1º de Mayo por las 35 horas

Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 2009

 

 

Urgen a la implantación de la jornada reducida como medida de emergencia para salvar empleo público en 2010

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han enviado un "mensaje de solidaridad en defensa del empleo público" a los empleados de las administraciones públicas canarias y a sus representantes sindicales, con motivo de la próxima celebración del 1º de Mayo. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, ya solicitó también esta semana al Gobierno de Canarias y a los grupos de gobierno de Cabildos y Ayuntamientos que convoquen "de urgencia" las Mesas de negociación de Empleados Públicos "para consensuar un diagnóstico de la situación que se plantea en el empleo público en 2010 para las islas". Hernández considera que "no existe conciencia real de que para 2010 está en riesgo un 25 por ciento del empleo público de las islas, debido a la merma de ingresos generalizada en las administraciones isleñas, que será de más de un 30 por ciento en 2009". El portavoz verde señala que "las dificultades para implantar por ley la jornada de 35 horas la han convertido en una reivindicación sindical a largo plazo con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, pero ahora la situación está cambiando radicalmente, pues ya no debe ser un objetivo estratégico, sino inmediato, y su finalidad es de emergencia para luchar ahora contra el desempleo, sobre todo en la administración pública". Octavio Hernández considera que "este objetivo es común a todas las fuerzas sindicales y puede aportar un ingrediente importante de coincidencia de cara a una convocatoria unitaria de los sindicatos en las islas el 1º de Mayo". Hernández recordó que las 35 horas han estado en las últimas semanas entre las principales demandas tanto de los sindicatos nacionalistas isleños, como en los estatales, por ejemplo "en las concentraciones de Intersindical-FSOC del pasado 1 de abril o en el propio congreso de UGT". Los Verdes defienden que la implantación de las 35 horas en las administraciones públicas canarias se realice preferentemente "mediante acuerdos voluntarios entre trabajadores y entes locales, así como en el Acuerdo plurianual con la Mesa General de Empleados Públicos de la comunidad autónoma, que debe renegociarse entre octubre y noviembre de 2009". Octavio Hernández señala que "esta medida supondría avanzar a partir de las 37 horas y media que ya se aplica en muchas administraciones y de ella quedarían excluidos los servicios prestados en la denominada jornada especial, correspondientes a servicios considerados esenciales". Hernández considera que este objetivo "constituye ahora la principal medida preventiva al alcance de los trabajadores para asegurar el propio puesto de trabajo en 2010 y para salvar el de otros compañeros o compañeras, en lugar de quedarse esperando pasivamente el impacto fatal del recorte presupuestario que sobrevendrá el año que viene".

Los Verdes urgen la implantación de las 35 horas para salvar empleo público en 2010

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2009

 

 

 Consideran que las nuevas medidas de endeudamiento y financiación local serán insuficientes para compensar la merma 

 de ingresos de las administraciones

 Proponen acuerdos extraordinarios en las administraciones locales de reducción voluntaria de jornada y salario 

 con la fórmula "7x1"

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han solicitado al Gobierno de Canarias y a los grupos de gobierno de Cabildos y Ayuntamientos que convoquen "de urgencia" las Mesas de negociación de Empleados Públicos "para consensuar un diagnóstico de la situación que se plantea en el empleo público en 2010 para las islas". El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, señala que "las cuentas no salen para el año que viene y un 25 por ciento del empleo público de las islas está en riesgo debido a la merma de ingresos, que será de más de un 30 por ciento en 2009, combinada con endeudamiento, demandas de pago de deudas y aumento de gastos de prestaciones". Hernández describe la situación como "previa a un tsunami, la gente mira venir la ola impasible, pero no hace nada". El portavoz verde urge al Gobierno de Paulino Rivero "a tomar la iniciativa en la implantación de las 35 horas en las administraciones públicas canarias mediante acuerdos voluntarios entre trabajadores y entes locales, así como en el Acuerdo plurianual con la Mesa General de Empleados Públicos de la comunidad autónoma, que debe renegociarse entre octubre y noviembre de 2009". Octavio Hernández señala que "esta medida supondría avanzar a partir de las 37 horas y media que ya se aplica en muchas administraciones y de ella quedarían excluidos los servicios prestados en la denominada jornada especial, correspondientes a servicios considerados esenciales". Hernández basa la propuesta de su partido en que "los salarios del empleo público en las islas están 56 puntos por encima de los del empleo privado, debido a las escalas administrativas, de manera que una reducción de jornada y sueldo, siempre que sea voluntaria y con carácter extraordinario, constituye ahora la principal medida preventiva al alcance de los trabajadores para asegurar el propio puesto de trabajo en 2010 y para salvar el de otros compañeros o compañeras". Hernández defiende el "carácter extraordinario y urgente de que se recurra a la semana de cuatro días como medida amortiguadora del impacto de la crisis en el empleo público en 2010 en Canarias, flexibilizando el objetivo salarial, o se perderá luego esa remuneración de manera traumática, en el desempleo o en huelgas". El portavoz verde considera que "no podemos esperar a una reforma del REF, porque no estará lista el año que viene, ni depositar ninguna esperanza en que con un gobierno de CC-PP se modifique la RIC, pues su abolición no está en la agenda pública y, aunque así fuera, el retorno de su materialización a Canarias a través de la Hacienda estatal sigue sin estar claro y dependerá de un nuevo modelo de financiación que sólo ha empezado a dibujarse y discutirse".

 

Medidas insuficientes

 

Los Verdes hacen este llamamiento tras conocer las medidas aprobadas por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que permitirán a Cabildos y Ayuntamientos un déficit de hasta un 0,3 por ciento del PIB, "que representa un 4,81 por ciento de los ingresos financieros de las corporaciones municipales". Otras medidas acordadas a nivel estatal son el adelanto de la liquidación de 470 millones de euros correspondientes a 2007 para municipios de menos de 75.000 habitantes y otros 60 millones para los de menos de 20.000 habitantes, y el recurso a la refinanciación mediante endeudamiento bancario a seis años para ayuntamientos que hayan liquidado 2008 con remanente negativo de tesorería, o la habilitación de avales del ICO. A este conjunto de medidas amortiguadoras, señalan Los Verdes, habría que añadir la reedición del Fondo de Inversión Local, la ampliación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y la negociación actual con Hacienda en torno al IGIC. Sin embargo, "dadas las peculiares condiciones del empleo público en las islas, que supone el 75 por ciento del gasto no sólo en el capítulo de personal, sino también a través de las transferencias de capital por gestión indirecta y con un sector público empresarial mayormente deficitario, unido al enorme peso de la temporalidad y precariedad en el personal laboral, una merma de ingresos del 30 por ciento en las administraciones no se podrá cubrir con el aumento previsto del déficit, ni con las otras medidas amortiguadoras previstas por la CNAL". Octavio Hernández considera "insuficientes" estas compensaciones "porque ningún ayuntamiento o Cabildo va a poder afrontar una merma media de entre dos y cuatro millones de euros en los presupuestos de 2010 como consecuencia de la recesión, muchos programas podrían cancelarse dejando un reguero de desempleados". Hernández advierte, además, que "en Canarias el empleo público no sólo tiene una función administrativa, sino también una función social, pues la masa salarial pública es  imprescindible para completar la circulación comercial y su recorte afectaría directamente a la economía real, distribuyendo sus efectos de contracción al sector privado en forma de subconsumo".

 

Fórmula de 7x1

 

Los Verdes proponen aplicar la "fórmula de 7 por 1, es decir, reducir a cuatro días la jornada y el salario proporcional correspondiente, con el fin de sostener un empleo por cada siete empleados públicos". Octavio Hernández detalla que "los acuerdos en cada administración deben ser voluntarios y con mediación sindical si afectarán al salario, tienen que contemplarse como medidas de solidaridad y autoprotección entre empleados públicos, no como imposiciones desde arriba". Hasta ahora, reflexiona Hernández, "la jornada de 35 horas se planteaba como una medida de conciliación de la vida familiar y laboral, pero en Canarias debemos entender con urgencia que la adopción de la jornada de cuatro días tiene carácter de emergencia, dado el peso del sector público en el empleo y el bienestar de la sociedad canaria".