Los Verdes piden a la Cámara que no utilice a los ecologistas para presionar a los tribunales

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2009

 

 

Emplazan a los empresarios a un debate público sobre las grandes infraestructuras

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han pedido a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife que "no utilice a los ecologistas para presionar a los tribunales" en respuesta al llamamiento realizado por el presidente cameral, Ignacio González, a la "responsabilidad" de todos los colectivos sociales y políticos que se oponen a la construcción del Puerto de Granadilla y a que "tomen conciencia de las graves repercusiones que puede tener para Canarias el mantenimiento de la suspensión de las obras" de esta infraestructura portuaria. El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, recuerda al presidente de la Cámara que "tanto los empresarios como las administraciones deben velar por que sus iniciativas económicas y administrativas respeten escrupulosamente la legislación medioambiental, en un territorio donde nadie cuestiona que el medio ambiente es no sólo un valor estético, sino un valor económico capital". Según Hernández, "la falta de cultura empresarial sobre la contabilidad medioambiental y la ausencia de inteligencia y sensibilidad hacia la conveniencia de tener en cuenta la participación y opinión pública en la planificación, junto con la constante presión sobre las administraciones y, a veces, en connivencia con sus responsables, para orillar la legislación protectora del patrimonio natural, son los verdaderos motivos que conducen a la actual situación de freno a grandes proyectos públicos de infraestructuras". Por ello, Los Verdes consideran que la Cámara de Comercio "debe hacer autocrítica, revisar su conducta y la de sus asociados y pasar sin aspavientos la prueba de la fiscalización legal ejercida actualmente por el TSJC, pues la ley debe ser igual para todos". Octavio Hernández califica de "demagogia infumable" la argumentación de Ignacio González sobre los puestos de trabajo en relación con la paralización del puerto de Granadilla, pues "son los empresarios y no los ecologistas los que contratan y despiden trabajadores, y si se atribuyen las ganancias, también deben asumir su responsabilidad en las pérdidas". Según Hernández, el ritmo actual de destrucción de empleo "convierte en irrelevante la aportación que el puerto de Granadilla haría a la superación de la crisis y, aunque las obras comenzaran mañana, esta infraestructura no estaría operativa hasta dentro de dos años, de manera que su hipotética influencia multiplicadora en poco contribuiría a la superación de la crisis actual, que requiere de medidas inmediatas cuya ejecución no se cifre en el medio ni largo plazo". Por el contrario, indica el portavoz verde, "los fondos públicos destinados a la infraestructura serían mejor empleados en la remodelación de la planta alojativa turística y en actividades intensivas en empleo como la recuperación medioambiental, que también beneficia al turismo, pues uno de los factores principales de la actual crisis turística es la pérdida del valor añadido medioambiental del destino en Canarias debido al acelerado deterioro paisajístico de la última década, que los ecologistas hemos intentado impedir". Octavio Hernández recuerda que "los empresarios intentaron en su día que no se aprobaran las Directrices ni la Moratoria, y hoy tienen que admitir, con el Gobierno de Canarias, que sin esos instrumentos la economía de las islas hoy se encontraría en una situación mucho peor que la actual, y al ecologismo canario se le debe reconocer su cuota de mérito en haber articulado la movilización social permanente que condujo al gobierno a tomar esas medidas". Por último, Los Verdes emplazan a la Cámara a "organizar otro Foro empresarial en la institución ferial, pero con la participación de los colectivos sociales que tienen otra visión del modelo de desarrollo y de las infraestructuras, porque si algo ha quedado demostrado en estos años es que los costes de no tener en cuenta la opinión pública de los agentes activos en la defensa del medio ambiente y la legislación de protección de la naturaleza son mayores que los beneficios pretendidos al ignorarlos o subestimarlos".