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miércoles, 15 de abril de 2009

Los Verdes urgen la implantación de las 35 horas para salvar empleo público en 2010

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2009

 

 

 Consideran que las nuevas medidas de endeudamiento y financiación local serán insuficientes para compensar la merma 
 de ingresos de las administraciones
  
 Proponen acuerdos extraordinarios en las administraciones locales de reducción voluntaria de jornada y salario 
 con la fórmula "7x1"
  

A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han solicitado al Gobierno de Canarias y a los grupos de gobierno de Cabildos y Ayuntamientos que convoquen "de urgencia" las Mesas de negociación de Empleados Públicos "para consensuar un diagnóstico de la situación que se plantea en el empleo público en 2010 para las islas". El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, señala que "las cuentas no salen para el año que viene y un 25 por ciento del empleo público de las islas está en riesgo debido a la merma de ingresos, que será de más de un 30 por ciento en 2009, combinada con endeudamiento, demandas de pago de deudas y aumento de gastos de prestaciones". Hernández describe la situación como "previa a un tsunami, la gente mira venir la ola impasible, pero no hace nada". El portavoz verde urge al Gobierno de Paulino Rivero "a tomar la iniciativa en la implantación de las 35 horas en las administraciones públicas canarias mediante acuerdos voluntarios entre trabajadores y entes locales, así como en el Acuerdo plurianual con la Mesa General de Empleados Públicos de la comunidad autónoma, que debe renegociarse entre octubre y noviembre de 2009". Octavio Hernández señala que "esta medida supondría avanzar a partir de las 37 horas y media que ya se aplica en muchas administraciones y de ella quedarían excluidos los servicios prestados en la denominada jornada especial, correspondientes a servicios considerados esenciales". Hernández basa la propuesta de su partido en que "los salarios del empleo público en las islas están 56 puntos por encima de los del empleo privado, debido a las escalas administrativas, de manera que una reducción de jornada y sueldo, siempre que sea voluntaria y con carácter extraordinario, constituye ahora la principal medida preventiva al alcance de los trabajadores para asegurar el propio puesto de trabajo en 2010 y para salvar el de otros compañeros o compañeras". Hernández defiende el "carácter extraordinario y urgente de que se recurra a la semana de cuatro días como medida amortiguadora del impacto de la crisis en el empleo público en 2010 en Canarias, flexibilizando el objetivo salarial, o se perderá luego esa remuneración de manera traumática, en el desempleo o en huelgas". El portavoz verde considera que "no podemos esperar a una reforma del REF, porque no estará lista el año que viene, ni depositar ninguna esperanza en que con un gobierno de CC-PP se modifique la RIC, pues su abolición no está en la agenda pública y, aunque así fuera, el retorno de su materialización a Canarias a través de la Hacienda estatal sigue sin estar claro y dependerá de un nuevo modelo de financiación que sólo ha empezado a dibujarse y discutirse".

 

Medidas insuficientes

 

Los Verdes hacen este llamamiento tras conocer las medidas aprobadas por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que permitirán a Cabildos y Ayuntamientos un déficit de hasta un 0,3 por ciento del PIB, "que representa un 4,81 por ciento de los ingresos financieros de las corporaciones municipales". Otras medidas acordadas a nivel estatal son el adelanto de la liquidación de 470 millones de euros correspondientes a 2007 para municipios de menos de 75.000 habitantes y otros 60 millones para los de menos de 20.000 habitantes, y el recurso a la refinanciación mediante endeudamiento bancario a seis años para ayuntamientos que hayan liquidado 2008 con remanente negativo de tesorería, o la habilitación de avales del ICO. A este conjunto de medidas amortiguadoras, señalan Los Verdes, habría que añadir la reedición del Fondo de Inversión Local, la ampliación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y la negociación actual con Hacienda en torno al IGIC. Sin embargo, "dadas las peculiares condiciones del empleo público en las islas, que supone el 75 por ciento del gasto no sólo en el capítulo de personal, sino también a través de las transferencias de capital por gestión indirecta y con un sector público empresarial mayormente deficitario, unido al enorme peso de la temporalidad y precariedad en el personal laboral, una merma de ingresos del 30 por ciento en las administraciones no se podrá cubrir con el aumento previsto del déficit, ni con las otras medidas amortiguadoras previstas por la CNAL". Octavio Hernández considera "insuficientes" estas compensaciones "porque ningún ayuntamiento o Cabildo va a poder afrontar una merma media de entre dos y cuatro millones de euros en los presupuestos de 2010 como consecuencia de la recesión, muchos programas podrían cancelarse dejando un reguero de desempleados". Hernández advierte, además, que "en Canarias el empleo público no sólo tiene una función administrativa, sino también una función social, pues la masa salarial pública es  imprescindible para completar la circulación comercial y su recorte afectaría directamente a la economía real, distribuyendo sus efectos de contracción al sector privado en forma de subconsumo".

 

Fórmula de 7x1

 

Los Verdes proponen aplicar la "fórmula de 7 por 1, es decir, reducir a cuatro días la jornada y el salario proporcional correspondiente, con el fin de sostener un empleo por cada siete empleados públicos". Octavio Hernández detalla que "los acuerdos en cada administración deben ser voluntarios y con mediación sindical si afectarán al salario, tienen que contemplarse como medidas de solidaridad y autoprotección entre empleados públicos, no como imposiciones desde arriba". Hasta ahora, reflexiona Hernández, "la jornada de 35 horas se planteaba como una medida de conciliación de la vida familiar y laboral, pero en Canarias debemos entender con urgencia que la adopción de la jornada de cuatro días tiene carácter de emergencia, dado el peso del sector público en el empleo y el bienestar de la sociedad canaria".

 

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