Buscar en la web de losverdesdetenerife.org.es

domingo, 20 de septiembre de 2009

Los Verdes piden a Paulino Rivero que haga públicos los documentos sobre las competencias del tren

Santa Cruz de Tenerife, 16 de septiembre de 2009

 

                                                                                        

Una carta de la Ministra Magdalena Álvarez y un informe de la Abogacía del Estado darían la razón a Ben Magec

  

Ante la visita del Ministro de Fomento, José Blanco, para la firma del Convenio del tren del Sur de Tenerife, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han solicitado a través de un comunicado al presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, que "haga públicos los documentos que obran en poder de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma desde 2004, en base a los cuales se redactó en 2006 el borrador del Convenio con el Estado que se firma hoy". El portavoz de Los Verdes, Octavio Hernández, ha insistido en que "el recurso contencioso presentado por la federación ecologista Ben Magec está justificado, bien armado y fundamentado". Según Hernández, "el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento han compartido un informe de la Abogacía del Estado del que se concluye que el Cabildo se tiró a una piscina sin agua legal con el proyecto del tren, porque la competencia no es del Estado si el tren discurre íntegramente dentro de una comunidad autónoma, y tampoco es del Cabildo, porque el Estatuto de Autonomía dice que es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma de Canarias, y hasta hoy ésta no ha concertado el proyecto con el Estado".

El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, aclara que "el informe de la Abogacía se elaboró en el primer semestre de 2004, y en junio la Ministra Magdalena Álvarez reconoció en una sesión en el Senado que el Estado había convocado un concurso para la redacción del proyecto del tren en conflicto de competencia con la comunidad autónoma, pues no podía abrir la oferta al ser una administración no competente y no podía resolverlo sin la firma previa de un Convenio con la Comunidad Autónoma, en el que ésta le trasladara la competencia al Estado".

Cuatro meses después, prosigue Hernández, Ricardo Melchior reconoció también en el Senado que "el Cabildo de Tenerife, con sus propios recursos, ha realizado lo que, según la terminología del Ministerio, se conoce como estudio informativo y, según la terminología canaria, por su legislación, plan territorial especial de infraestructuras ferroviarias, plan que ha sido financiado íntegramente por el Cabildo de Tenerife". Ante esta intervención, el Secretario General de Infraestructuras, Antonio Monfort Bernat, volvió a insistirle a Melchior que "sólo quiero reiterar lo que la señora Ministra escribió al presidente de la comunidad canaria indicándole que las competencias ferroviarias en el territorio insular pertenecen exclusivamente al Gobierno canario. Y quiero recordar los términos de la carta, que afirma que para cualquier realización que el Ministerio pueda llevar a cabo en esa comunidad tendría que establecerse un convenio previo para poder disponer, si me permiten la expresión, de la percha de la que poder realizar este tipo de actuaciones". Monfort, relata el portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, reconoció entonces que "cuando nos encontramos en esa situación pedimos un informe a la abogacía del Estado, y ésta nos contestó en estos términos. Así pues, si no tenemos competencia no podemos asumir ningún tipo de gasto o compromiso presupuestario para esas actividades; sin embargo, existe la posibilidad de hacerlo por la vía del convenio".

El 26 de abril de 2006, el entonces vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, "contestó lo mismo" –indican Los Verdes- al senador del PSOE José Vicente González Bethencourt, "instando a que el Gobierno de Canarias pusiera encima de la mesa las condiciones y proyectos para que el Estado, que no era competente, pudiera actuar".

En un pleno posterior en el Senado, el 19 de diciembre de 2007, el propio Ricardo Melchior reconocía que: "Para que la Comunidad Autónoma de Canarias reciba el mismo tratamiento en materia ferroviaria que el resto del territorio español, el Gobierno de España ha manifestado en comparecencias anteriores la necesidad de disponer de un convenio de colaboración entre las administraciones canarias y el Gobierno de España que permita la financiación por parte del Estado de los corredores ferroviarios del norte y del sur de Tenerife". El presidente del Cabildo interpelaba de nuevo a la Ministra Magdalena Álvarez añadiendo que "Dicho borrador de convenio fue remitido por el presidente del Gobierno de Canarias el 24 de abril de 2006 sin que hasta el momento —que sepamos—, se tenga ninguna contestación". Octavio Hernández pide por ello a la presidencia del gobierno canario que haga públicos tanto la carta del Ministerio como el informe de la Abogacía del Estado, "en base a los cuales se redactó el borrador del Convenio que se firma hoy con José Blanco".

Según el Diario de Sesiones citado por Hernández, Melchior admitió en aquella comparecencia en el Senado que se había adelantado al Ministerio en la redacción del plan: "También el 22 de mayo de 2006 –decía el presidente insular-, hace aproximadamente 19 meses, el Cabildo de Tenerife remitió al Ministerio de Fomento el Plan Territorial Especial, documento equivalente a los estudios informativos que el ministerio elabora para la ejecución de los proyectos ferroviarios de alta velocidad, y que, por cierto, fue encargado y pagado por el Cabildo de Tenerife y elaborado por Ineco, empresa propia del ministerio, adelantándonos así al trabajo que en otras partes del territorio español realiza el Ministerio que usted dirige".

La Ministra Magdalena Álvarez respondió que habían recibido el borrador de convenio y "el 28 de junio ya tuvimos una reunión con el Secretario de Estado para ver en qué momento y cómo el Ministerio de Fomento podía colaborar con el Gobierno canario en la ejecución, realización y aplicación de las competencias que tiene transferidas de ferrocarriles. El procedimiento no es el mismo que el que pueda haber con Galicia, porque las competencias en Galicia están asumidas y en Canarias transferidas".

Con estos antecedentes, Octavio Hernández concluye que "el Cabildo no debió actuar sin que la Comunidad Autónoma y el Estado suscribieran el Convenio, pues todas las actuaciones de la institución insular pueden ser declaradas nulas de pleno derecho, tal y como ha denunciado Ben Magec, y el Convenio que se firma hoy es muy dudoso que pueda legalizar con carácter retroactivo lo realizado por el Cabildo".

Hernández considera que la argumentación del consejero insular de Desarrollo, Carlos Alonso, contra el recurso "es muy sesgada, pues aunque el gobierno hubiera transferido la competencia al Cabildo por la Ley 14/1990, del 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada por la Ley 8/2001, que indica que "Quedan transferidas a las islas, en su ámbito territorial respectivo, las competencias administrativas sobre las siguientes materias: 14. Transporte por carretera o por cable. Ferrocarriles en el marco de los que disponga la normativa sectorial autonómica", ello no modificaría la situación irregular derivada de que Ricardo Melchior se atribuyó unos gastos y actividades que previamente debían ser objeto de Convenio entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma, como así lo indicó la Abogacía del Estado". El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde concluye que "Ricardo Melchior ha actuado con manifiesta irresponsabilidad, primero exigiendo actuaciones al Estado en las que ni éste ni el Cabildo eran competentes, y después yendo por su cuenta a pesar de que el Estado le advertía que era imprescindible un Convenio con la administración competente, que era la Comunidad Autónoma, y no el Cabildo".

No hay comentarios: